En 2001, la Municipalidad de Concepción adhirió a la Ley 22.431, "Institución del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas", mediante la ordenanza 1.214. En 2006 hizo lo propio con la Ley 24.314, que modifica a la norma nacional anterior, con la ordenanza 1.421.
Esta última disposición municipal dispuso que las pautas federales fueran integradas al Código de Edificación y Urbanismo municipal y a la Ordenanza 1.031, "Habilitación de Negocios".
"Es decir, que la intendencia de Osvaldo Morelli exige a los Tribunales, la Iglesia, el comercio y las empresas privadas que habiliten rampas para discapacitados para conseguir la habilitación municipal. Pero cuando el Concejo Deliberante le demandó lo mismo a él para los edificios municipales, vetó la ordenanza. Este 'haz lo que digo y no lo que hago' es más grave que la incoherencia: es anomia", cuestiona el vicepresidente de la UCR, Raúl Albarracín.
El ex concejal de Concepción, que denunció originariamente ante LA GACETA el veto de la ordenanza de las rampas, fustigó la sistemática objeción de Morelli a las iniciativas de los ediles. "Que vetara ocho ordenanzas muestra el grave deterioro institucional de Concepción. El intendente no quiere que el Concejo tenga iniciativa propia. De hecho, el morellismo tenía pautado que los ediles sólo sancionaran resoluciones, que son meras expresiones de anhelo, y él decidía cuál llevar a la práctica, pero ya como decisión del Departamento Ejecutivo Municipal", fustigó el opositor.
"Pero la pelea de él con los ediles no es un atenuante para el escándalo de las rampas. Si los discapacitados no pueden acceder al Concejo, se coarta su derecho a participar de la política. Y eso es discriminación", condenó.